Disonancia normativo-operativa de la Ley 2421 de 2024: como los vacíos operativos afectan la aplicación de la ruta de priorización para la atención a víctimas mayores de 68 años en Colombia
Palabras clave:
Indemnización administrativa, victimas, conflicto armado interno, ruta priorizada, adulto mayor de 68 años, publicidad, actualizadaResumen
Con la expedición de la Ley 2421 de 2024, quedó derogada la Ley 1448 de 2011, normativa que consagraba las medidas de atención, asistencia y reparación integral dirigidas a las víctimas del conflicto armado. Aunque esta reforma tiene un impacto amplio dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el presente artículo centra su análisis en las repercusiones que genera sobre el proceso de indemnización administrativa, particularmente desde un enfoque diferencial orientado a las personas adultas mayores de 68 años. Parafraseando la Ley 1448 de 2011 en concordancia con el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011 la indemnización administrativa es una medida de reparación integral consistente en la compensación económica por los daños sufridos por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno (Ley 1448, 2011, art. 132; Decreto 4800, 2011, art. 149). Y según la Resolución 1049 de 2019 de la Unidad de Victimas quienes adquieran este derecho y tengan una edad superior a los 68 años, podrán hacerlo a través de una ruta prioritaria. El método jurídico-dogmático con un enfoque multidimensional producto de combinar el análisis de la norma (sistemático) con la intención final del legislador (teleológico), convierte este trabajo en una investigación jurídica pura de corte analítico, que nos permite reflexionar que la arquitectura procedimental implementada por la Unidad de Victimas durante la ruta de priorización de la indemnización administrativa, no garantiza los criterios mínimos exigidos por el legislador, quien ha sido enfático en ordenar que las a víctimas del conflicto armado interno mayores de 68 años deben recibir una explicación clara, comprensible y actualizada sobre el sistema de turnos, así como sobre sus implicaciones, efectos y alcance en el acceso al ciclo de indemnización administrativa.
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