El Catatumbo y la vulneración a la vida

Resumen

El derecho a la vida es un derecho fundamental que pretende que todos los seres humanos tengan lo mínimamente necesario para vivir y no morir, pero sin dejar de lado que se debe garantizar este derecho de manera digna, también otra concepción de este derecho es que no maten a las personas de una forma arbitraria. (Asamblea general de la ONU,1948) Tal como lo afirma la declaración universal de los derechos humanos: todos tenemos derecho a la viday a vivir en libertad y seguridad” por esta razón todos los estados deben proteger activa y eficientemente este derecho que ampara a toda la humanidad. En Colombia específicamente en la zona del Catatumbo, que la conforman los municipios de: Ocaña, el Carmen, convención, Teorama, san Calixto, Hacarí, la playa, el tarra, Tibú y sardinata. Esta se encuentra ubicada en el nororiente del departamento de norte de Santander, es importante mencionar que este territorio alberga a los resguardos Motilón – Barí y catulaura, donde se concentran el pueblo indígena Barí. Por su geografía, le región, se vuelve clave, por su riqueza de hidrocarburos y por poseer una zona fronteriza con Venezuela, que, vista desde la óptica militar, les permite controlar el acceso de combatientes y que funciona con un corredor entre llanos orientales y las cordilleras del interior. (miguel serrano, 2009). Esta área, a lo largo de los años ha sido fuertemente, golpeado por el conflicto armado interno, el narcotráfico y la lucha por las tierras entre diferentes grupos al margen de la ley y como consecuencia directa la vulneración del derecho de la vida, pues este conflicto ha arrebatado la vida de muchas personas; una forma preocupante de esto fueron las ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como “Falsos positivos”. Así lo menciona carrascal vergel et al- (2020) “los habitantes del Catatumbo soportaron 14 años, entre 1996 y 2010, la más cruda violencia, el nivel de esta, es directamente proporcional a las cifras de desplazamiento, por cuanto muchos de ellos, prefirieron abandonar el territorio antes de padecer otro tipo de hecho victimizante” (p.20). Se registro en 2003 una tasa de homicidios de 104,3 por cada cien mil habitantes, casi el doble del promedio nacional 62,3; en Tibú esa tasa fue de 384,1; en el Tarra 204,1; en Hacarí 152,6; en Teorama 129,4; en San Calixto 125,1. Cabe mencionar que por encima de 100 es considerado internacionalmente una situación de guerra. (ONCOPER. 2013, como se citó en carrascal et al, 2020, p.20). El estado colombiano ha demostrado ser incapaz de proteger y garantizar el derecho a la vida, pues según estadísticas e índices, este derecho es uno de los más violados en muchísimas ocasiones en todo en todo el territorio colombiano, lo cual pone en un riesgo constante a toda la población, convirtiendo así a las personas en posibles víctimas de este derecho humano. Prueba de esto es el caso 10456, IRMA VERA PEÑA, donde esta menor de edad fue asesinada, el día 5 de febrero de 1987, en la vereda piedra azul, en e municipio de concepción, por parte de miembros del batallón García Rovira, este caso fue llevado a la comisión Interamericana de derechos humanos donde concluyo que el estado colombiano, no cumplió con su obligación de respetar y garantizar los artículos 4,5,7,8 y 25 de la convención americana sobre derechos humanos, la misma comisión recomienda al estado colombiano continuar con las investigaciones y sancionar penalmente a los culpables . (organización de estados americanos [OEA], 1989). En el año 2002, la corte constitucional en la S. C-228 de 2002, afirmo que era, insuficiente la protección efectiva de los derechos humanos, también pidió que se otorgue una indemnización a las víctimas y perjudicados y por otro lado, reafirmo que l verdad y la justicia so necesarios para que la sociedad no repita las diversas situaciones que generan violencia. A pesar de todo esto, Colombia cuenta con diferentes entidades territoriales, como lo son, el ministerio del interior, (unidad nacional de protección) UNP, Consejería presidencial para los derechos humanos y policía nacional, estos entes son encargados de la prevención y protección de defensores de derechos humanos, pero se logra evidenciar que no han sido eficientes. Defender los derechos humanos en Colombia y ejerce un control social todavía es algo sumamente peligroso, esta puesto que, en 2023, le costó la vida a 160 hombres y 24 mujeres y desde que la guerrilla de las Farc firmo el acuerdo de paz en 2016, la defensoría del pueblo ha contabilizado a 1294 asesinatos a lideres sociales, siendo 2020 el año con más homicidios “182”. (welle, 2024). En Colombia la defensa de la vida y la construcción de paz tiene papeles fundamentales en la sociedad, pero se debe garantizar la protección de la vida como derecho fundamental, para que estos procesos de reconstrucción del tejido social, en zonas como el Catatumbo se pueden seguir dando y no solo que estén vigentes estos procesos, sino que también puedan rendir frutos. Y aun cuando el panorama del estado colombiano y la región del Catatumbo parece desesperanzador, podemos ver pequeños pasos positivos, pues se cuenta con mecanismos de protección para este derecho tan importante como la vida, y que estos mecanismos están al alance de cualquier ciudadano. Por otro lado, los acuerdos de paz fueron y han sido garantías para disminuir una de las más grandes problemáticas del país, como lo es el conflicto armado, del cual sea perdido la mayor parte de vida. También hay una esperanza para Colombia, por parte internacional puestos estos organismo y tratados internacionales también, son un aval para que disminuya a vulneración de derechos humanos, pues funcionan como un ente fiscal para que el estado cumpla con sus obligaciones y respete dichos acuerdos, estos son pasos para avanzar hacia una mejor protección de la vida. “No se puede encontrar la paz, evitando la vida”. Virginia woolf